¡Justicia para los maestros cesantes! El Pleno del Congreso de la República ha aprobado por insistencia la ley que establece un incremento significativo en las pensiones de los docentes jubilados, equiparándolas al monto que percibe un docente activo en la Primera Escala de la Carrera Pública Magisterial.
Esta medida busca corregir una brecha histórica de desigualdad, asegurando que los profesionales que entregaron décadas al servicio del Estado cuenten con una subvención económica digna que se ajuste al costo de vida actual. La norma, que fue observada anteriormente por el Ejecutivo bajo argumentos de sostenibilidad fiscal, ha sido ratificada por el Legislativo priorizando el derecho constitucional a una pensión justa.
Congreso aprueba por insistencia ley que establece aumento de pensiones igual a la primera escala para docentes jubilados y cesantes
El impacto de esta ley beneficiará a miles de maestros a nivel nacional, quienes verán reflejado este aumento de manera progresiva en sus planillas de pago. Además de la nivelación económica, la ley contempla mecanismos de actualización automática para que, cada vez que se incremente la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de los docentes activos, los pensionistas también perciban un ajuste proporcional. Complementariamente, se ha dispuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar los fondos, asegurando que el proceso de pago no sufra retrasos administrativos que afecten la economía de los adultos mayores del sector educación.
Congreso ignora alertas fiscales y aprueba alza de pensiones de maestros a S/ 3,300
El Legislativo decidió aprobar la medida por insistencia, con 69 votos a favor. En su momento, Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF), advirtió que esta norma en particular le demandaría al Estado peruano S/ 5,600 millones anuales para hacerla efectiva.
El Congreso de la República del Perú aprobó, por insistencia, una ley que establece un aumento de las pensiones para profesores jubilados y cesantes.
Según advirtió Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF), a Gestión, esta norma en particular demandaría un costo de S/ 5,600 millones cada año para el Estado peruano. A pesar de no tener asegurado ese financiamiento, el Legislativo decidió insistir con la propuesta, dándole 69 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
La referida ley establece que los docentes retirados de la Carrera Pública Magisterial perciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, que asciende a S/ 3,300.
Este incremento será aplicable para los profesores de educación básica, alternativa, especial y técnico-productiva, bajo los Decretos Leyes 19990, 20530, así como para afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), y la Ley 29944.
Según lo estipulado, esta pensión asegurará que los maestros retirados tengan los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida adecuado.
Las dudas del Ejecutivo y la preocupación del Consejo Fiscal
Al respecto, el Ejecutivo de Dina Boluarte se había opuesto a la propuesta porque aseguraba que “rompe la uniformidad” de los esquemas pensionarios.
Además, advirtió que la iniciativa implica un mayor gasto público, por lo que su aprobación sin participación del Gobierno sería inconstitucional, al contravenir el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe al Congreso aprobar medidas que generen gasto sin la venia del Ejecutivo.
“El Congreso de la República no puede utilizar su facultad de iniciativa legislativa para crear o incrementar el gasto de recursos, toda vez que dicha facultad constitucionalmente le corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo”, subrayó en su autógrafa de octubre.
Ahora, Segura manifestó a Gestión que, junto a otras medidas también recientemente aprobadas por el Congreso, esperan que el Ejecutivo discuta su constitucionalidad en el TC. Consideró también que el Legislativo ha decidido, en esta última legislatura, ignorar los límites constitucionales que le marca el artículo 79.
“Son S/ 3,000 millones [al año] por darle CTS y gratificación a los CAS, S/ 3,800 [en el largo plazo] por los cambios a la Caja Militar y Policial y S/ 5,600 de esta aprobación. Pero hay otras más, como la del CAFAE. De hecho, hemos identificado otras 3que no tiene cuantificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero hicimos un cálculo muy general de S/ 2,000 millones. La idea es que se observen todas los proyectos que se puedan y en las otras elevarlas al TC“, indicó.
Fuente: DIARIO GESTIÓN
La aprobación de esta ley por insistencia representa el cumplimiento de una deuda moral con el magisterio nacional, permitiendo que el retiro docente deje de ser sinónimo de precariedad y se convierta en una etapa de reconocimiento a la trayectoria pedagógica.
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